Frente a este nuevo marco conceptual, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto en cuestión.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, argumentó el ministro Sturzenegger al defender la medida que desregula de esta forma el tránsito en los ríos.
Según el Poder Ejecutivo, las tarifas del sistema anterior representaban un elevadísimo "costo argentino", citando que el ingreso de un buque Panamax al Puerto de Buenos Aires costaba cerca de 16.903 dólares, cifras que exceden con creces los estándares europeos o norteamericanos.