Los dos laboratorios pertenecen al empresario Ariel García Furfaro y son señalados por la Justicia como parte central de la investigación. El expediente analiza si existieron fallas en los controles oficiales, incumplimientos regulatorios o posibles responsabilidades administrativas que hayan permitido la circulación del medicamento cuestionado.
Las dos ex funcionarias habían ocupado cargos clave dentro del organismo encargado de controlar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos, alimentos y productos médicos en la Argentina durante el momento del escándalo. Ante las sospechas e irregularidades, Bisio, que asumió en 2023 en su cargo en el ANMAT, renunció finalmente a principios de 2026 mientras la investigación estaba en curso. La renuncia fue aceptada por el Gobierno nacional mediante decreto. Por su parte Mantecon Fumado fue directamente desplazada del INAME en agosto de 2025.