Judiciales: Universidades y Casa Rosada avanzan por recursos, aunque sigue trabada la pelea judicial
02/06/2026
La administración nacional presentó una propuesta con mejoras salariales, refuerzo para funcionamiento y partidas para hospitales universitarios. Aunque las posiciones se acercaron, el principal obstáculo sigue siendo el expediente que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y que espera una definición de la Corte Suprema.
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno sumó este lunes un nuevo capítulo. Las partes volvieron a reunirse para intentar encontrar una salida al reclamo por los recursos destinados al sistema universitario y, si bien hubo avances concretos en materia económica, la discusión quedó condicionada por la continuidad de la demanda judicial vinculada a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Del encuentro participaron Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, junto a Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, quienes además ocupan la presidencia y vicepresidencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Sobre la mesa apareció una denominada "propuesta intermedia" destinada a recuperar parte del deterioro que sufrió el sistema universitario desde 2023, estimado en un 45,6% en términos reales.
La cuestión salarial continúa siendo el eje principal de las negociaciones. La oferta oficial contempla una recomposición superior al 24%, integrada por un incremento del 21,33% para los salarios de junio y otro 3% en octubre. A eso se suma el compromiso de evitar nuevas pérdidas frente a la inflación durante 2026.
La cuestión salarial continúa siendo el eje principal de las negociaciones. La oferta oficial contempla una recomposición superior al 24%, integrada por un incremento del 21,33% para los salarios de junio y otro 3% en octubre. A eso se suma el compromiso de evitar nuevas pérdidas frente a la inflación durante 2026.
Según lo conversado entre las partes, la propuesta también incorpora una recuperación teórica de cuatro puntos correspondientes al atraso de 2024 y otra mejora cercana al 12% durante 2025. Además, incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y una partida específica destinada a los hospitales universitarios.
Desde el entorno universitario explican que estan tratando de destrabar la parte legal para que ambas partes puedan ratificar sus posiciones. En esa línea, agregó que se trabaja sobre un texto que permita a los abogados del Estado y del CIN avanzar sin que ninguna de las partes renuncie a los derechos que actualmente reclama.
Sin embargo, desde el organismo que reúne a los rectores marcaron un límite claro. "Sostenemos el mantenimiento de la acción judicial. No vamos a retirar la denuncia", remarcaron desde el CIN, descartando la posibilidad de abandonar el reclamo por la aplicación de la ley.
La causa judicial ya obtuvo una medida cautelar favorable que fue ratificada en dos oportunidades. No obstante, su aplicación quedó suspendida luego de un recurso extraordinario impulsado por el Ejecutivo. La decisión definitiva ahora depende de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para resolver.
Esa demora judicial aparece como uno de los factores que alimentan la incertidumbre dentro del sistema universitario. Una autoridad académica describió el escenario con preocupación al señalar que "el problema principal es que la Justicia no resuelve y mira para otro lado. El Gobierno puede tener un acuerdo con la Corte... y en el medio se te van los profesores".
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley aprobada por el Congreso resulta "ilegal" porque, según su interpretación, incumple las normas de administración financiera al no precisar de dónde provendrán los recursos para financiar las medidas contempladas. Por ese motivo consideran incompatible alcanzar un acuerdo económico mientras continúe vigente la demanda.
En paralelo, parte de los gremios docentes y no docentes observa las negociaciones con cautela. Los rectores también plantearon que cualquier salida al conflicto salarial requiere la apertura de una instancia formal de negociación colectiva y la participación de las organizaciones sindicales.
Desde Conadu fueron particularmente críticos respecto de las conversaciones en marcha. "Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años", expresaron.
Mientras tanto, las universidades mantienen el estado de alerta. El pasado 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y distintas organizaciones realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar que los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz se pronuncien sobre la cautelar. En los últimos días también hubo tomas en los colegios preuniversitarios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini.
En esos establecimientos de nivel medio, la situación salarial presenta un agravante adicional por la pérdida de ingresos asociada a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Por ese motivo, dentro de las conversaciones también se analiza la posibilidad de incorporar una partida específica destinada a ese sector.
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