Los interrogantes que el fiscal encomendó responder a los especialistas en Cibercrimen de la Federal apuntan ahora a saber si esas direcciones de Bitcoin alcanzan para explicar el origen del patrimonio del ex funcionario. Pollicita pretende conocer en detalle qué reglas había para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018 y si había obligación de conservar registros; si eran direcciones de custodia (administradas por una plataforma que identifica al cliente) o de autocustodia (controladas solamente por quien tiene la clave); si se puede saber cuándo y quién generó las claves y si podían guardarse en un papel sin dejar rastro digital; si los 41 movimientos pudieron ser hechos por una sola persona y si puede descartarse que haya intervenido un intermediario. La fiscalía busca conocer si es posible identificar quién depositó dinero en 2014 en cinco de las ocho direcciones, que no muestran contacto con ninguna plataforma, y si es técnicamente compatible que Adorni haya controlado las direcciones mientras funcionaron.