El Gobierno y las universidades acercan posiciones. La administración nacional retiró la condición que había intentado imponer a las casas de altos estudios —que consistía en otorgarles un aumento inferior al que dicta la Ley de Financiamiento, solo si retiraban la demanda en la Corte Suprema— y se apresta a firmar un acuerdo. La propuesta, que consiste en un incremento salarial y en la apertura de un nuevo proceso de paritarias, despierta sospechas sobre la existencia de un supuesto acuerdo entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.